El salario en Venezuela: una legislación que asfixió al trabajador y limitó la productividad
Caracas
20/11/2026.- Cincuenta y dos aumentos del salario mínimo por decreto en
veintitrés años. Sobre el papel, la cifra sugiere un blindaje absoluto y una
conquista permanente para el trabajador venezolano. Sin embargo, en la caja del
supermercado, la farmacia o el comercio informal, la realidad es implacable:
tras una hiperinflación histórica, la eliminación de catorce ceros a la moneda
y múltiples promesas fallidas —como el anclaje al Petro o la fijación de un
ingreso base de 300 dólares—, el salario mínimo quedó pulverizado en 130
bolívares mensuales, desde hace 4 años. Lo que alguna vez equivalió a 30
dólares hoy representa apenas catorce centavos (USD 0,13), según el BCV, con
tendencia a desaparecer si no se corrige el rumbo económico.
Esta
paradoja no es un simple accidente, sino el resultado de un modelo rentista sumado a un proyecto anacrónico y fundamentado en una arquitectura legal que,
bajo la premisa de defender a la clase obrera, terminó por destruir el valor
del trabajo. El colapso de la industria petrolera tras el despido masivo de más
de 20.000 trabajadores en PDVSA, la contracción del 75 % del Producto Interno
Bruto (PIB) y el debilitamiento sistemático del sector privado dejaron a un
Estado sobredimensionado pero incapaz de sostener ingresos dignos.
Para
maquillar esta caída, el Ejecutivo optó por bonificar el ingreso mediante esquemas como el Bono de Guerra Económica y subsidios que funcionan precariamente
en una economía artificial. Aunque estos pagos permiten cubrir compras básicas
inmediatas —de forma similar a una tarjeta de regalo—, carecen de incidencia
salarial. Al no formar parte del sueldo base, evaporan el cálculo de
vacaciones, horas extras, utilidades y jubilaciones, anulando en la práctica
las convenciones colectivas. La ironía histórica es evidente: el mismo
mecanismo de bonificación que Hugo Chávez criticó en 1997 por considerarlo
lesivo para los trabajadores se convirtió en la política oficial aplicada a
través de la ONAPRE.
Ante este
escenario, surge una pregunta inevitable: ¿por qué la empresa privada no eleva
de forma generalizada los sueldos base? La respuesta se encuentra en las
rigideces de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) de 2012. Aunque la norma
contempla avances en materia de permisos parentales y descanso, sus artículos
104 y 142 establecen la retroactividad de las prestaciones sociales calculadas
con base en el último salario devengado. En un entorno inflacionario y sin
acceso al crédito bancario, aumentar el salario base equivale a asumir un
pasivo retroactivo impagable que compromete la viabilidad financiera de
cualquier compañía. A ello se suma la inamovilidad laboral: tramitar un despido
justificado puede tardar hasta tres años en las inspectorías del trabajo, lo
que obliga a las empresas a negociar costosos paquetes de retiro y desincentiva
la contratación formal. Como resultado, cerca del 70 % de la masa laboral opera
en la informalidad, depende de las remesas, sí tiene quien se las envié, del
multiempleo.
Cuando el
trabajador busca amparo institucional, enfrenta un conflicto estructural: el
Estado actúa simultáneamente como mayor empleador y como árbitro laboral.
Instrumentos como el Memorándum 2792 dejaron sin efecto los contratos
colectivos vigentes, mientras que decisiones judiciales —como el fallo del
Tribunal Supremo de Justicia que declaró "jurídicamente inexistente"
el instructivo de la ONAPRE ante los reclamos del sector docente— cerraron las
vías de todo reclamo efectivo. Esta ausencia de diálogo tripartito y la
injerencia en la autonomía sindical han sido documentadas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) mediante el señalamiento de incumplimientos a
los convenios 26, 87 y 144.
Las
consecuencias de este entramado trascienden lo contable y se expresan en una
profunda crisis demográfica y social. Más de siete millones de venezolanos
emigraron en busca de oportunidades donde su esfuerzo tuviera valor, entre
ellos alrededor de 44.000 médicos y miles de profesionales formados en
universidades públicas del país. Esta pérdida de capital humano, sumada a la
fragilidad institucional, desembocó en la intervención externa de enero de 2026
que resolvió sólo una parte del problema y se cobró el favor con los recursos
estratégicos de la nación, evidenciando el alto costo de postergar las reformas
de fondo que el país requería.
Como ha
advertido el especialista León Arismendi, con los salarios más bajos de la
región, insuficientes desde cualquier perspectiva razonable, colocan a
Venezuela en un disparadero social. Sin devolverle valor real al trabajo y
lograr la recuperación de la institucionalidad democrática no habrá
recuperación económica y social posible. La experiencia venezolana deja una
lección clara: existe una línea delgada en la que una legislación laboral deja
de proteger al trabajador y se convierte en una barrera que lo empuja hacia la
informalidad o al exilio. Superar este estancamiento exige asumir
responsabilidades históricas y reformar las reglas del juego para que el
salario vuelva a ser sinónimo de dignidad y progreso y el contexto jurídico se
adecue a los cambios que requiere el país.
Angel Cacique / caciquecatia@gmail.com / @angelcacique
No hay comentarios:
Publicar un comentario